La modernización de la administración pública en el marco de una
sociedad cada vez más exigente en cuanto a la prestación de cuentas públicas y
transparencia de gestión, demanda un sistema estatal más cercano a
las personas donde se hagan
públicas informaciones pertinentes (Transparencia Activa) y en que el ciudadano
disponga de mecanismos adecuados para ejercer su derecho de acceso a
información relevante cuando ésta no esté disponible (Transparencia Pasiva).
La principal iniciativa gubernamental para
el cumplimiento de estas nuevas expectativas y exigencias ciudadanas es la Ley de Acceso a la Información
Pública (Ley Nº 20.285), que
define los parámetros a ser cumplidos por los organismos públicos en materia de
acceso a información.